Sheinbaum pide investigar abusos policiales denunciados durante protesta en Jalisco

  • 16 de octubre del 2026

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió una investigación sobre la actuación policial durante una movilización relacionada con la calidad del agua en Guadalajara.


La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la CNDH abrió una investigación por denuncias de abusos policiales durante la protesta del 11 de octubre en Guadalajara. La manifestación reunió a ciudadanos preocupados por la calidad del agua que llega a los hogares de la zona metropolitana.
La movilización terminó en enfrentamientos luego de que policías emplearan chorros de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los asistentes. Reportes periodísticos señalaron que decenas de personas resultaron lesionadas y cerca de 40 fueron detenidas, cifras difundidas después de los hechos por medios locales.
Sheinbaum pidió que la comisión determine cómo se desarrolló el operativo, entreviste a las personas afectadas e identifique posibles responsabilidades. También señaló que la Fiscalía General de la República podría intervenir si corresponde. La indagatoria busca reconstruir los hechos y establecer quién tomó las decisiones.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció errores y detenciones injustificadas, según reportes periodísticos posteriores a la manifestación. La investigación ocurre en medio de cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y sobre las garantías de quienes participaron en la protesta por el acceso al agua.
La inconformidad ciudadana está ligada a problemas persistentes en el suministro y la calidad del agua en Guadalajara. Un estudio de monitoreo ciudadano publicado este año encontró falta de cloro residual en numerosas muestras y contaminantes en algunas, aunque los resultados dependen del sitio analizado.
La apertura de la investigación no constituye todavía una resolución sobre responsabilidades. La CNDH deberá analizar testimonios, registros y documentación antes de emitir conclusiones, mientras las autoridades responden a las denuncias. El caso mantiene en primer plano la relación entre el agua, la salud pública y los derechos ciudadanos.