¿Qué ha sido de Carlos Torres Torres, esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda?
Tras la ofensiva emprendida por el Gobierno de los Estados Unidos contra organizaciones criminales catalogadas como narco-terroristas, por órdenes directas del presidente Donald Trump, se determinó emprender acciones contra los grupos de la delincuencia organizada, sus influencias de poder y sus colaboradores. En ese contexto, se resolvió retirar la visa tanto a la mandataria como a su esposo, debido a investigaciones que los vinculan con operaciones ilícitas de alto impacto.
De acuerdo con indagatorias binacionales, Carlos Torres Torres alias El Líder alias Sensei y su hermano Luis Torres conforman la organización criminal Torres Torres, también identificada como el cártel de los Torres Torres. Esta estructura ha servido para pactar acuerdos con grupos de la delincuencia organizada, permitiendo el cruce de armas, dinero, combustible ilegal y migrantes, a cambio de cuotas mensuales que ascienden hasta un millón de dólares.
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Los operadores de la red
El dinero lo cobran directamente Carlos Torres alias El Líder alias Sensei y Luis Torres, o bien a través de intermediarios de confianza como Francisco Pérez alias Panchito Pérez, David Pérez Tejada Padilla, y otros socios estratégicos que mantienen contacto directo con el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
David Pérez Tejada Padilla, quien en septiembre de 2024 renunció como delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California, aparece en investigaciones de la SEDENA y de agencias estadounidenses como operador clave. Es señalado de facilitar la entrada de migrantes libaneses y de otras nacionalidades hacia Estados Unidos, quienes son traficados por redes del CDS y CJNG. Estas organizaciones, que operan de manera transnacional, aprovechan la misma logística que utilizan para el tráfico de drogas, aplicándola ahora al tráfico de personas a través del aeropuerto. Pérez Tejada Padilla fue colocado en ese puesto por Marina del Pilar y Carlos Torres alias El Líder alias Sensei, de quienes es cercano colaborador y operador de confianza.
Francisco Pérez alias Panchito Pérez funge como puente político y financiero, garantizando el flujo de recursos y la interlocución con altos mandos criminales. Es amigo cercano de Carlos Torres alias El Líder alias Sensei con quien incluso se le ve con frecuencia en actividades sociales como partidos de pádel en Mexicali y ha sido beneficiado con la entrada a negocios del gobierno del estado, particularmente en la CESPM y otras dependencias, donde inflan facturas para saquear las arcas públicas y repartir dinero entre ellos. Estas operaciones se realizan en contubernio con Armando Carrasco López, actual titular de la CESPM, operador directo del clan dentro del gabinete estatal.
Además, Panchito Pérez ya es señalado en diversas investigaciones por corrupción y desvío de recursos millonarios de cuotas del ISSSTECALI. Durante su gestión como alcalde de Mexicali, estableció vínculos con el Cártel de Sinaloa, conectando con líderes de esa organización y ampliando sus operaciones hacia otras facciones criminales.
Óscar García alias El Güero García alias El Cochi, es identificado como patrocinador financiero del clan Torres y amigo personal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y de Carlos Torres Torres. A través de su compadre Armando Carrasco López, ha financiado campañas políticas en México, incluyendo la campaña de Marina Ávila y Carlos Torres, con millones de pesos de procedencia ilícita.
Dichos recursos provienen de sus negocios en San Luis Río Colorado y en el Valle de Mexicali, zonas donde operan activamente grupos delictivos que han desatado una ola de violencia, desapariciones, narcotráfico y muerte. Junto a su esposa Daniela Miramontes, compadre y comadre de Carrasco, consolidan un vínculo directo entre los intereses criminales de esas regiones y la red política del clan Torres Torres, asegurando así financiamiento, protección y control.
Mismo caso de Raúl Villarreal Álvarez en el sector inmobiliario.
Esta dinámica ha contribuido a desatar una ola de violencia, desapariciones, narcotráfico y muerte en esas regiones, que hoy se entrelaza directamente con los intereses políticos y financieros del clan Torres Torres.
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El modus operandi del clan Torres Torres
El patrón es claro: colocan a perfiles de confianza en puestos estratégicos, como aduanas, migración, organismos estatales y dependencias de recursos. Para lograrlo, emprenden campañas de desprestigio en medios y redes sociales contra aspirantes a esos cargos, debilitando cualquier oposición.
Aseguran los nombramientos a favor de sus allegados. Así, los acuerdos y el dinero producto de operaciones ilícitas fluyen a través de funcionarios de confianza, garantizando control sobre rutas y recursos.
Este esquema ya ha sido detectado por agencias federales estadounidenses como parte de la ofensiva de Trump contra las organizaciones narcoterroristas. La SEDENA también ha documentado estas actividades y promovido el cese de perfiles vinculados al clan Torres.
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La operación en la sombra tras su caída política
Tras la destrucción política ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la gobernadora, Carlos Torres alias El Líder alias Sensei y su hermano Luis Torres renunciaron a sus cargos honorarios en Tijuana y el gobierno estatal.
Sin embargo, lejos de desaparecer, mantienen operaciones de corrupción, operación política y vínculos criminales en la clandestinidad.
Este doble juego ha generado descontento entre líderes de la delincuencia organizada, quienes los acusan de favorecer más a un bando que a otro y de incumplir acuerdos. Como represalia, en todo el estado se han registrado ataques e incendios contra unidades de la Fiscalía, considerados advertencias de los grupos criminales por lo que ven como traición política y ruptura de compromisos.
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La maquinaria mediática de guerra sucia
En Tijuana, la operación mediática está a cargo de Arnulfo Guerrero alias Fufo alias El Fufo, quien maneja portales, páginas digitales y cuentas falsas en redes sociales para golpear a empresarios, periodistas, funcionarios y políticos que se oponen a los intereses del clan. Su función es clara: fabricar narrativas y difundir información manipulada para proteger la imagen de Carlos Torres alias El Líder alias Sensei y sus aliados.
A cambio, recibe dinero y protección criminal. Como parte del esquema, se le asignó como chofer a Alberto Castellanos alias El Lima Coca, antiguo colaborador del Cártel Arellano Félix y ex-escolta de Jesús Labra Avilés alias Don Chuy Labra, histórico lugarteniente del CAF. Castellanos también mantiene vínculos con el exalcalde Arturo González Cruz y la ex-procuradora Perla del Socorro Ibarra Leyva.
En el plano estatal, la propaganda corre a cargo de Alfredo Álvarez Cárdenas, quien despliega tácticas similares en medios regionales para crear divisiones internas en Morena, atacar cuadros incómodos y alinear la narrativa a los intereses del clan.
Aun así, qué Arnulfo Guerrero actual Secretario de Gobierno de Tijuana, tiene una relación Laboral el Institucional con el Alcalde Ismael Brurgueño, es muy claro que su verdadero jefe político y Financiero es Carlos Torres
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Un clan con rostro de cártel político-criminal
Lo que queda en evidencia es que Marina del Pilar, Carlos Torres alias El Líder alias Sensei, Luis Torres, Francisco Pérez alias Panchito Pérez, David Pérez Tejada Padilla, Armando Carrasco López, Óscar García alias El Güero alias El Cochi, Arnulfo Guerrero alias Fufo alias El Fufo, Alfredo Álvarez Cárdenas, Alberto Castellanos alias El Lima Coca y su círculo cercano no representan a un movimiento político legítimo.
En la práctica, constituyen la organización criminal torres Torres, también conocida como el cártel de los Torres Torres: una estructura jerárquica y permanente con fines criminales, que usa la política como fachada.
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El objetivo: blindar la sucesión del 2027
Actualmente, el clan Torres Torres impulsa campañas de desprestigio contra adversarios internos y externos, buscando maniobrar la sucesión en la gubernatura de 2027.
La estrategia: que la gobernadora tenga argumentos para frenar a los aspirantes que no forman parte del clan, incluso dentro de su mismo partido. Para ellos, la lealtad al clan está por encima de cualquier ideología.
El objetivo final es blindar la salida de Marina del Pilar y colocar en la gubernatura a alguien manipulable por Carlos Torres, garantizando así impunidad y protección frente a posibles investigaciones al término del sexenio.
Y el Clan Torres Torres esta perfilando a la actual Senadora Julieta Ramírez Padilla, a quién ya se le vincula con la organización criminal, incluso declarado por ella misma, La imagen que tengo de la diputada Aracely Brown es la mejor, es entendible que entre criminales se defiendan, ya que la actual diputada cuenta con una investigación criminal con el departamento del tesoro de Estados Unidos Americanos.
Y por si fuera poco, la Senadora Julieta Ramirez Padilla, esta vinculada a la estructura de Adan Augusto López, teniendo varias declaraciones respaldando a el en el 2023, el pequeño detalle es que actualmente Adan Augusto López está hasta el cuello de problemas, ya que su Secretario de Seguridad Hernán Bermudez Requena es el Líder principal de La Barredora, ha sido vinculado a proceso por asociación delictiva, secuestro exprés y extorsión. El ex-secretario de Seguridad de Tabasco ya está en prisión preventiva, recluido en la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.
Al parecer la senadora es bastante Optimista en cuánto el futuro de su carrera política, considerando una gobernatura con estas terribles vinculaciones.
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Bajo la lupa internacional
Lo más relevante: el cártel de los Torres Torres ya se encuentra en la mira de agencias federales de Estados Unidos como parte de la estrategia de combate a organizaciones narco-terroristas.
La DEA, el Departamento de Justicia y la SEDENA han documentado operaciones ilícitas, vínculos con facciones del CDS y CJNG, y el uso del aparato de gobierno para proteger intereses criminales.
Hoy, el clan Torres Torres no es solo un problema local: es parte de un expediente binacional y está considerado una amenaza a la seguridad nacional en ambos lados de la frontera.
